El Pais
| 23 juillet 2006 |
La Comisaría Provincial de Málaga puso ayer a disposición judicial a seis policías, tres de ellos sospechosos de agresiones sexuales a mujeres inmigrantes en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchinos, situado en la capital malagueña.
Otros cuatro agentes fueron arrestados por haber incumplido el deber de impedir un delito, pero uno de ellos, el jefe de turno de los policías, quedó anoche en libertad tras declarar ante el Grupo de Extranjería y Documentación, según un portavoz de la Unión Federal de Policía.
Los funcionarios arrestados "podrían haber mantenido relaciones sexuales" con las inmigrantes retenidas en el centro durante "alguna fiesta nocturna", según informó en un comunicado el Cuerpo Nacional de Policía. El portavoz de un sindicato policial aseguró que varios agentes están acusados de "agresión sexual".
La Dirección General de Policía detectó las actuaciones, "que podrían ser constitutivas de delitos", durante una inspección de seguridad. Una vez concluidas las investigaciones del propio Cuerpo Nacional de Policía, los seis agentes fueron puestos ayer a disposición judicial. Han sido ya relevados de sus puestos y de sus responsabilidades. También ha sido destituido "por el momento" el jefe de seguridad de la unidad implicada en los presuntos delitos.
La Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga considera que varias internas del centro de Capuchinos "han sufrido vejaciones", y pide que se investigue "hasta el final" lo sucedido. Elena Muñoz, portavoz de ese colectivo, anunció que la plataforma se personará como acusación popular. La asociación pidió ayer por escrito a la Subdelegación del Gobierno que le permita entrevistarse con las inmigrantes, que al parecer han sido víctimas de agresiones sexuales por parte de los agentes.
Un portavoz del sindicato Unión Federal de Policía (UFP) rechazó ayer las acusaciones contra los agentes. Francisco Puertas, secretario provincial de la UFP, manifestó que a algunos policías se les imputa agresión sexual, pero "sería otra tipificación penal [la que corresponde en este caso], porque para ello debe haber violencia o intimidación, y no se ha dado", según él. Otros agentes, según Puertas, están acusados de omisión del deber de impedir delitos, pero "dicen que no han visto nada".
El portavoz de la UFP relató que desde 2000 han pedido, sin éxito, que en el turno de noche haya funcionarias en el centro de acogida de mujeres inmigrantes.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer sanciones "muy duras" para los policías implicados en un presunto caso de abusos sexuales en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga si finalmente se confirman los hechos. "De confirmarse alguna de las cosas que están apareciendo, se trata de un acto muy grave que merecerá y exigirá sanciones muy duras", dijo el ministro en Santiago de Compostela.
La Dirección General de la Policía ha suspendido de empleo y sueldo a los tres agentes encarcelados por orden de una juez de Málaga que les imputa un presunto delito de abusos sexuales, atentado contra la integridad moral y omisión del deber de impedir delitos. Otros cuatro policías están imputados en el caso por no impedir los abusos, que se cometieron durante el turno de noche en fiestas que los policías organizaban con comida y alcohol con algunas internas.
Las defensas de los tres agentes pidieron ayer su traslado a Sevilla, donde hay un módulo especial para los miembros de las fuerzas de seguridad. La Asociación Andalucía Acoge se ha personado para ejercer la acusación popular en el caso.
El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, pidió ayer el cierre de los centros de internamiento de extranjeros porque dijo que su funcionamiento "deja mucho que desear" y pidió un sistema diferente, "no carcelario", para custodiar a los inmigrantes que tienen que ser repatriados.
La Subdelegación del Gobierno en Málaga reconoció que las cuatro inmigrantes denunciantes de los hechos a las que la juez ha dado consideración de testigos protegidos podrían quedar en libertad si durante el proceso se agotan los 40 días, el plazo máximo que la ley permite de permanencia en un CIE.
Source : El Pais
