Derribar los muros y defender el derecho a emigrar

La chute du mur de Berlin sonne aujourd’hui comme un appel à combattre les oppressions, à abattre les murs qui, à travers le monde, divisent encore des villes, des territoires, des peuples.  [1]

Nicolas Sarkozy

No podemos perder de vista que hay otros muros en el mundo que deben caer

José Luis Rodríguez Zapatero

Desde su creación en 2002, la red Migreurop [2], que reúne actualmente más de cuarenta organizaciones de ambos lados del Mediterráneo, denuncia el encierro de migrantes, la militarización de fronteras de la Unión Europea y la externalización de sus políticas de control y de represión de la emigración. Basados en esta experiencia, interpretamos las declaraciones oficiales que, en respuesta al « llamamiento de Berlín » de Nicolas Sarkozy, han convocado a « derribar los muros » como el signo de una ruptura en relación a la verdadera « guerra » contra los migrantes [3] . Esta guerra, que ha provocado miles de víctimas, es desde hace mucho tiempo la brújula de la UE en materia de política de inmigración.

De un total de más de 40.000 kms de fronteras cerradas -de las cuales casi 18.000 kms « amuralladas »-, muchas lo han sido después de 1989. No se puede hacer, ciertamente, una amalgama con estos cierres, pues las similitudes materiales pueden ocultar funciones diferentes. Pero en ocasiones se superponen : las barreras anti-migratorias son a veces difíciles de distinguir de algunas líneas fronterizas, o de muros destinados a perpetuar una ocupación (pensamos especialmente en las fronteras entre India y Bangladesh). Son, a su vez, las más inéditas en la larga historia de los muros geopolíticos y las más simbólicas de la mundialización contemporánea. Estas barreras son presentadas a menudo como una evolución en la funcionalidad de los muros : a la necesidad de impedir la salida, que habría marcado los años de enfrentamiento Este/Oeste, habría sucedido la voluntad de impedir la entrada, fruto de las relaciones Norte/Sur, cada vez más determinadas por las políticas migratorias de los países ricos. El caso emblemático del muro entre Estados Unidos y México muestra que esta distinción encaja mal en las cuestiones diplomáticas de fronteras a menudo doblemente cerradas, tanto por los Estados llamados de salida que por los que se supone de llegada : México es tanto el gendarme de Estados Unidos respecto a las migraciones de América Central, el tímido defensor de sus nacionales emigrados como el carcelero de una parte de su población.

En la « línea del frente » entre Europa y África, los muros no existen ciertamente más que en determinados puntos de entrada de la UE, en los enclaves (post)-coloniales de Ceuta y Melilla, en territorio marroquí. Sin embargo, no son más que uno de los elementos de la política de cierre de fronteras en parte desmaterializadas y externalizadas de Europa, cuyo verdadero fundamento es el cuestionamiento del derecho fundamental a abandonar su propio país, reconocido sin embargo por el artículo 13 de la Declaración universal de derechos Humanos [4]. Los « acuerdos de gestión concertada de los flujos migratorios » concluidos por Francia, los acuerdos bilaterales negociados por Italia, como el plan REVA español, se basan en la participación de los países del Sur en el control de sus nacionales candidatos a la salida (vía la criminalización de la emigración en un cierto número de países, Marruecos y Argelia entre ellos) y su obligación de aceptar « cláusulas de readmisión » para aquellos de sus nacionales que están en situación irregular en países de la UE. [5]

Las trampas en las que quedan atrapados una parte de los migrantes que quieren pasar las fronteras fortificadas de Europa favorecen la multiplicación de uno de los dispositivos clave de la mundialización anti-migratoria : el campo de extranjeros a la espera de pasar, ser expulsados o de una « acogida » respetuosa de sus derechos. Polimorfos y polifuncionales [6], estos campos, como nuevos muros de la vergüenza, son el síntoma de un mas que no ha desaparecido con la caída del muro de Berlín : hacer prevalecer la (mala) razón de Estado sobreel respeto de los derechos de las personas.

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