La proteccion de los derechos de las personas migrantes en Europa: Espana

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa recibe un preocupante informe sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en el estado español

El nuevo Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, tras una ronda de consultas con defensores de derechos humanos, requirió un informe sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en el Estado español. La red Migreurop le ha remitido un informe señalando las principales preocupaciones en materia de vulneración de derechos fundamentales.

El todavía recientemente nombrado Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, ha iniciado su mandato celebrando diversas rondas de consultas con defensores de derechos humanos. En lo referido a la protección de las personas migrantes en Europa, el Comisario convocó una reunión en las oficinas del Consejo de Europa el pasado 5 de octubre en París con 17 defensores de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en Bélgica, Chipre, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Malta, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rusia, Turquía y Ucrania. El objetivo del Comisario y su equipo era conocer desde la experiencia de las organizaciones que trabajan en este campo, aquellos aspectos más preocupantes en materia de garantías y derechos fundamentales, centrándose en los Estados más preocupantes, y en especial a la llamada Frontera Sur de Europa.

Quienes participaron en la reunión tuvieron la oportunidad de describir la situación en materia de detención e internamiento de personas migrantes, control de fronteras, las dificultades en la integración y la reagrupación familiar, la situación de las mujeres migrantes, y las dificultades de los propios defensores de derechos humanos en su trabajo.

Ante la preocupante situación descrita en lo que concierne al estado español, el Comisario requirió la remisión de un informe por escrito, que las organizaciones españolas de Migreurop han elaborado y remitido a la Comisión. En este informe, las organizaciones insisten especialmente en las principales preocupaciones en cuanto a las graves violaciones de derechos fundamentales registradas en los últimos años en los centros de internamiento de extranjeros y en el control de la Frontera Sur.

En lo relativo a los CIE, el informe señala irregularidades en materia de defensa jurídica efectiva, en el acceso al procedimiento de asilo, la presencia de menores, la desprotección de las víctimas de trata por explotación sexual, deficiencias en la atención médica, entre otras; describiendo además casos concretos de malos tratos policiales a personas internas en distintos centros, que siempre terminan en la impunidad.

Respecto a la crítica situación en materia de externalización y control en la Frontera Sur, el informe denuncia “las desgraciadamente habituales ocasiones donde el estado español obvia sus propios procedimientos legales de la normativa española de control de fronteras, utilizando ‘vías de hecho’ vulneradoras de los derechos más básicos de las personas extranjeras que tratan de entrar por vías irregulares en España”, y centra su atención en las muertes en las vallas de Ceuta y Melilla; en el caso “Marine 1” y la repatriación irregular de todos los pasajeros, personas inmigrantes a Mauritania; y el reciente suceso de Isla de Tierra, con la expulsión colectiva de 73 personas a Marruecos.

El informe también hace constar más hechos preocupantes como las a menudo insalvables dificultades de las personas migrantes para ver reconocido su derecho a reagrupar a sus familias, la especial situación de vulnerabilidad de las mujeres migrantes, en especial la de aquellas que son víctimas de explotación sexual, y hace mención a los obstáculos que las propias organizaciones de defensa de los derechos humanos tienen en su trabajo, terminando con propuestas de soluciones en términos de fortalecimiento asociativo, fiscalización del cumplimiento de los Derechos Humanos y la adopción de medidas más garantistas.