El salvoconducto europeo un paso suplementario hacia la expulsión a todo precio

7 de febrero 2017

Mientras los altos funcionarios africanos y europeos se reúnen en Malta el 8 y 9 de febrero a medio recorrido del proceso de la Valeta, la Unión Europea (UE) da un paso más para restringir la movilidad de las personas migrantes e imponer su ley a los países de dónde proceden la mayoría de entre ellas, bajo la forma del “salvoconducto europeo” (LPE), adoptado bajo silencio en octubre de 2016.

El plan de acción lanzado en la Valeta en noviembre de 2015 por la UE y los Estados miembros y 35 Estados africanos tiene por objetivo “luchar contra la inmigración irregular, el tráfico de personas y las causas profundas de la migración forzada”. Actualmente en curso de evaluación, el plan se apoya en la “cooperación exterior” para obtener la firma, por parte de Estados “terceros”, de acuerdos de readmisión destinados a expulsar más fácilmente a las personas migrantes.

Con el LPE, la UE apuntala una etapa suplementaria en la estrategia de externalización de sus políticas migratorias desde hace veinte años. Este documento de viaje, emitido por los Estados miembros de la UE - y sólo por ellos -, permite expulsar una persona sin que la haya identificado el país “tercero” del que supuestamente es originaria, y por lo tanto sin salvoconducto consular, despreciando sus derechos y el principio de igualdad entre Estados soberanos (garantizado por la Convención de Viena).

A pesar de la oposición manifestada desde noviembre 2015 por parte de los representantes africanos presentes en la Cumbre de la Válete, y reiterada a inicios de 2017 por parte de la sociedad civil y del Gobierno malienses, el LPE - con todos sus defectos de forma y fondo - ya se utiliza.

Mas allá de los efectos negativos inmediatos que tiene una medida de alejamiento sobre las personas, la opacidad que caracteriza la aplicación del LPE hace temer un número importante de violaciones de derechos, tal como reflejan las múltiples interrogaciones sin respuesta que surgen a raíz del uso del documento (ver la lista adjunta).

En el momento en que la máquina de expulsión gana fuerza (cooperación con Turquía, Afganistán, Libia, nuevas prerrogativas otorgadas a Frontex), los derechos fundamentales ni siquiera son evocados en el texto publicado en el Diario Oficial de la UE sobre los LPE.

Las organizaciones firmantes del presente comunicado, reclaman que los Estados miembros de la UE suspendan inmediatamente el uso del LPE, y que las autoridades europeas provean y publiquen sin demora las informaciones complementarias e indispensables relativas a su aplicación (ver la lista de informaciones adjunta).

La movilidad es un derecho, y no una herramienta de chantaje diplomático.

Organizaciones firmantes
AEDH – Association Européenne pour la Défense des Droits de l’Homme
EuroMed Droits
Loujna-Tounkaranké
FORIM – Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations
Medico International
Migreurop
Observatoire Ouest-Africain des Migrations