España y Marruecos deben respetar los derechos de los niños y niñas migrantes

En los últimos meses, ha aumentado el número de personas migrantes y/o demandantes de asilo, que tratan de llegar al territorio europeo a través de la denominada frontera sur. El taponamiento de otras rutas (Grecia, Italia) y la falta de emisión de visados para acceder a Europa, están provocando que en 2017 se haya triplicado el número de personas que han llegado a las costas españolas en pateras, y que hayan fallecido 249 personas por naufragio en la zona. Sólo en 2018 más de 520 personas han fallecido en el Mediterráneo, de las cuales más de 140 trataban de llegar a España [1] .

Entre la población exiliada, hay niños y niñas que migran solos y que se encuentran vagando en la frontera marroquí-española y en las calles de Ceuta y Melilla, con unas administraciones públicas que se niegan a asumir sus obligaciones de protección de la infancia. Esta situación se ha ilustrado de manera trágica la semana del 2 de abril con la muerte de dos menores : uno en Ceuta y otro en la frontera de Beni Ansar. En ambos casos, según menores testigos, los atropellos por camiones habrían sido intencionados. Uno de los conductores ha sido encarcelado desde entonces en Ceuta.

La militarización creciente de los puertos en Ceuta y Melilla (instalación de nuevas vallas y alambradas, material de vigilancia) para impedir el paso de esos jóvenes exiliados acentúa también su puesta en peligro. Lejos de desanimarse, se arriesgan más para montarse en los ferris que van a la península. Entre 2015 y 2017, tres menores han perdido la vida en el puerto de Melilla. En Ceuta y Melilla se documenta regularmente la violencia policial en contra de los menores no acompañados (la mayoría de nacionalidad marroquí), así como casos de violencia racista por parte de civiles [2] . En el lado marroquí, en Beni-Ansar y Nador, los jóvenes son perseguidos por la policía, detenidos y alejados de la frontera [3].

Migreurop y sus miembros alertan sobre esta situación en ambos lados de la frontera y recuerdan a ambos países, firmantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, sus obligaciones internacionales de protección de la infancia.

La red Migreurop también denuncia el aumento de la violencia contra las personas migrantes llamadas “subsaharianas” en dicha frontera, que ahora afecta también a las mujeres en los campamentos del lado marroquí, la persistencia de “las devoluciones en caliente” [4] o el uso de material antidisturbios en el lado español. Estas prácticas, antiguas y habituales, ejercidas a menudo fuera de todo marco legal y en violación de los convenios internacionales, deben cesar inmediatamente. Esas políticas de control de fronteras y de expulsión producen, cada año, violaciones de derechos humanos inaceptables y muertos entre los exiliados, niños y adultos. En este contexto, la intimidación de personas solidarias que defiende los derechos de las personas es inconcebible y también debe cesar.

España y Marruecos no pueden seguir vulnerando los derechos de las personas migrantes en nombre de la seguridad en las fronteras europeas. Esos Estados son responsables, como la Unión Europea y sus Estados miembros, de la puesta en peligro de niños y adultos en busca de exilio, así como de las muertes provocadas por esa gestión militar de los movimientos migratorios.


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España y Marruecos deben respetar los derechos de los niños y niñas migrantes © José Palazon

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