España, ¿“tierra de acogida" ?

España no suele ser conocida como una tierra de acogida. Pocos migrantes y solicitantes de asilo consiguen entrar en territorio español y/o acceder a una protección efectiva.
Pero con la evolución de las rutas migratorias, España volvió a ser en el 2017 la tercera puerta de entrada a Europa, después de Italia y Grecia. Las llegadas de personas migrantes y refugiadas fueron tres veces superiores a las de 2016.
Es más, en 2017, España recibió a más solicitantes de protección internacional que ningún otro año : 31.120. Si hasta 2016 España solía atender en torno al 1% de las peticiones del conjunto de la UE, en 2017 registró el 4,4% del total de las presentadas en los países de la Unión, y concedió el estatuto de refugiado a 595 personas.
Desde el mes de junio 2018, España se ha convertido en la principal ruta de llegada de personas migrantes y refugiadas por mar a Europa, con más de 26.000 llegadas en lo que va de año. Actualmente, las llegadas a España suponen cerca del 40% del total de la UE. Esto se debe en gran medida a que el número de entradas en Grecia (acuerdo UE/Turquía en 2016) y en Italia (acuerdo con Libia en 2017) ha descendido notablemente.
Cansada de ser uno de los principales países de llegada y acogida, Italia — dónde la extrema derecha llegó al poder en marzo de 2018 — niega ahora el acceso de los barcos de las ONG de salvamento de personas migrantes a sus puertos. Todo ello, vulnerando la normativa internacional y de derecho marítimo.
Una situación que permitió a la nueva mayoría política española destacar, apareciendo así como el cantor de la solidaridad europea abriendo sus puertos a varios barcos de socorro a los que Italia había denegado el desembarco, y desatando el discurso anti-inmigración de algunos líderes políticos.
Una solidaridad sin embargo relativa… La realidad de Ceuta y Melilla pone en evidencia que siguen siendo territorios de excepción. A pesar de las declaraciones del nuevo Ejecutivo, continúan las llamadas “devoluciones en caliente” de personas interceptadas en el perímetro fronterizo, una práctica considerada ilegal en octubre 2017 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya sentencia está actualmente recurrida por el Gobierno español.

De hecho, el 23 de agosto 2018, el actual gobierno español reactivó el acuerdo de readmisión firmado en 2012 entre los Reinos español y marroquí para proceder en menos de 24 horas a la devolución “diferida” colectiva a Marruecos de 116 personas que ya habían cruzado la valla fronteriza de Ceuta y entrado en España . Pese a las críticas tanto internas como internacionales sobre la ilegalidad de estas medidas, el gobierno español ha avisado de que seguirán las expulsiones colectivas exprés para sancionar la "violencia” empleada por los migrantes en contra de los cuerpos de seguridad para acceder a España. Durante su visita a España en marzo 2018, el Consejo de Europa ha recordado que la cuestión del acceso de los migrantes y refugiados a Ceuta y a Melilla ilustre las dificultades que presenta la aplicación del principio de non-refoulement, que constituye un elemento esencial de las obligaciones de los Estados miembros respecto la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).
A todo ello hay que añadir que los centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI) siguen colapsados y a pesar de la jurisprudencia de los últimos años, persiste la prohibición de traslado a la Península de las personas solicitantes de protección internacional tras la admisión a trámite de su solicitud.

Finalmente, es importante recordar, que a este contexto se une la sentencia del 9 de julio 2018, en la que el Tribunal Supremo español condenó a España por haber incumplido sus obligaciones respecto al mecanismo de reubicación europeo fijadas por el Consejo de la Unión europea en 2015. Así, España solo tramitó entre 2015 y 2017 un 12,85 % de las 19 449 solicitudes de asilo asignadas, procedentes de Grecia e Italia