A los jefes de Estado y presidentes del Gobierno ante el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de octubre de 2013

Al día siguiente del naufragio que segó la vida de más de 300 personas cerca de las costas de la isla de Lampedusa, el pasado 3 de octubre de 2013, la red Migreurop junto con muchas otras organizaciones de ambas orillas del Mediterráneo, llamó la atención de la opinión pública sobre la responsabilidad de estas muertes por parte de los Estados europeos y de los países que colaboran con la política de la UE (ver anexos).

En vísperas del Consejo Europeo, Migreurop, solicita a los jefes de Estado y a los Presidentes del gobierno de los Estados miembros de la UE que renuncien a las políticas represivas que han venido adoptando hasta la fecha en materia de asilo e inmigración.

Los dos recientes naufragios de embarcaciones que transportaban personas migrantes, que, como sabe, tuvieron lugar cerca de las cosas italianas, se han cobrado la vida de cerca de cuatrocientas (400) personas. Estos atroces hechos han reabierto el debate sobre las políticas europeas de asilo e inmigración y han suscitado reacciones oficiales de los representantes de la Comisión Europea y de los responsables políticos de los Estados Miembros, llamando a la reforma de estas políticas.

Es precisamente este modelo de reforzamiento de la vigilancia de las fronteras, encarnado en Frontex, el modelo que Europea debería replantearse. Se trata de un modelo basado en políticas represivas que no sólo no ofrece alternativas a las personas migrantes y a las solicitantes de asilo, sino que es el responsable de las muertes en el mar.

El deseo de los responsables políticos europeos de reforzar los medios de la agencia Frontex inquieta a las organizaciones sociales que trabajamos por el respeto de los derechos de las personas migrantes. No es la solución adecuada. Frontex no tiene por cometido socorrer en el mar o proteger a las personas migrantes. Las muertes en el mar no han cesado de aumentar estos últimos años, a pesar del incremento de los medios puestos a disposición de esta agencia. Frontex constituye la encarnación de las políticas europeas represivas que criminalizan el hecho migratorio (penalización de la estancia irregular, privaciones de libertad por infracciones administrativas, ignorancia de las necesidades de protección internacional de las personas solicitantes de asilo).

La Cumbre europea de los próximos 24 y 25 de octubre constituye una excelente ocasión para que se plantee un debate serio sobre las políticas europeas de asilo e inmigración, capaz de cambiar el sentido de estas políticas.

Una aproximación represiva de las migraciones internacionales que choca con la realidad

Desde hace ya muchos años el cierre de todas las vías de acceso legal al territorio europeo se ha visto acompañado de la adopción de medidas represivas dirigidas a impedir la entrada a Europa de personas migrantes y refugiadas. Entre enero de 1993 y marzo de 2012 se calcula que más de 16.000 personas han fallecido en las fronteras de la UE [1]. Hoy más que nunca, la UE debe asumir su responsabilidad y tratar de la que la política migratoria cambie su rumbo.

La UE no está amenazada, como se pretende mostrar a la opinión pública, por flujos migratorios que circulan únicamente del Sur hacia el Norte. En los últimos años, la tasa de migraciones internacionales ha permanecido estable en el entorno del 3% de la población mundial [2].Y sólo un tercio (1/3) de las personas que han migrado a través de fronteras se ha desplazado de un país en vías de desarrollo a un país desarrollado. Además, cuatro quintos (4/5) de los quince (15) millones de refugiados que existen en el mundo son acogidos por países en vías de desarrollo [3]: el 25% de dichos refugiados se encuentran en la África subsahariana, y sólo el 15% en la Unión Europea.

Sobre la base de análisis erróneos se ha construido un objetivo irrealista: el de impermeabilizar las fronteras. Este fin ha servido de línea directriz a la política migratoria de la Unión Europea desde el pasado 2002. La ausencia de vías legales de entrada al territorio europeo ha comportado un evidente refuerzo de las redes de tráfico de personas humanas. Y la externalización de las fronteras se ha traducido en la deslocalización del control sobre tales fronteras, cediendo esta labor a países vecinos de la UE incapaces de garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

La cooperación con países no-miembros de la UE se ha traducido en demasiadas ocasiones en la utilización de ayudas públicas al desarrollo con una finalidad casi exclusiva de control de los flujos migratorios; a cambio, a menudo, de la firma de acuerdos de readmisión. Así, los Estados miembros de la UE ni siquiera han dudado en celebrar acuerdos con dictadores, como fue el caso de Túnez y Libia.

Desde que en 2005 fuera creada la agencia Frontex para coordinar la gestion de las fronteras exteriores, y a medida que el presupuesto que se le asigna se ha incrementado, también se ha producido un incremento paralelo de las muertes en el Mediterráneo (fuente: Migreurope). Frontex, a la que se ha dotado de personalidad jurídica, podría firmar hoy acuerdos con países no-miembros de la UE sin obtener el visto bueno del Parlamento Europeo. Estos acuerdos se dirigen a detectar a las personas migrantes cuando llegan a países fronterizos y comportan prácticas que vulneran los derechos fundamentales de esas personas [4] : violación del derecho de asilo y del principio de no devolución; internamientos sin base legal; privación del derecho a un abogado y a la tutela efectiva de los derechos; tratos inhumanos y degradantes que en muchas ocasiones han conducido a la muerte a muchas personas migrantes.

Cambiar el paradigma de la política migratoria europea

Urge emprender acciones a nivel europeo que reafirmen la intangibilidad del Derecho internacional: los Estados miembros de la Unión Europea han ratificado la Convención de Ginebra sobre la protección de los refugiados, y sólo una aplicación efectiva de esta Convención, especialmente a través de la emisión de visados, podrá evitar que sigan produciéndose tragedias en el Mediterráneo. La UE no debe delegar la responsabilidad sobre las personas refugiadas a Estados que en la actualidad no aseguran ninguna protección efectiva a estas personas. Semejante dejación no hace sino presionar a las personas que huyen de conflictos, como las sirias o las refugiadas del Campo de Choucha en Túnez, a echarse al mar, arriesgando sus vidas. Los Estados miembros debería reforzar la solidaridad entre ellos y no depositar en los países europeos con fronteras exteriores toda la responsabilidad sobre la acogida de las personas refugiadas.

El papel de la agencia Frontex debe ser cuestionado. No se trata de una agencia de salvamento marítimo, sino un instrumento represivo cuya misión no es otra que impedir que entren en Europa las personas migrantes y refugiadas. Los medios que tiene a su disposición no aseguran la protección de las personas en el mar; protección que, no obstante, está garantizada en convenios internacionales. Hay pruebas de la existencia de numerosos casos de desasistencia a personas en peligro, y la opacidad es absoluta en lo que respecta al trato que se dispensa a las personas interceptadas por Frontex, especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de ejercer de manera efectiva su derecho de asilo. Frontex es la causante de las muertes en el mar: para evitar sus patrullas, las embarcaciones toman rutas cada vez más largas y peligrosas.

Finalmente, el apoyo a los países del sur del Mediterráneo no debe inscribirse en una dinámica de control de los flujos migratorios, sino de cooperación de igual a igual entre países que comparten históricamente un espacio común, en el que la regla ha sido siempre la existencia de intercambios humanos, culturales y económicos. A este respecto, los acuerdos de movilidad que se han propuesto a diversos países de la región después de las revoluciones de Túnez y Egipto resultan totalmente desequilibrados, a favor de los intereses de la Unión Europea. Se debe proponer una nueva visión de la cooperación con sus vecinos del sur del Mediterráneo.

Este cambio de visión es imperioso. Esperamos que se erija en el portador de una nueva voz en la Cumbre europea de los días 24 y 25 de octubre, y que se realice un llamamiento a la adopción de una política europea de inmigración y asilo basada en el respeto y la garantía de los derechos de las personas migrantes.

Cifras clave

 En junio de 2009, guardacostas italianos, apoyados por un helicóptero alemán de la operación Frontex Nautilus IV, interceptaron una embarcación con 75 personas abordo, que pusieron a disposición de las autoridades libias. Italia fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
 Según el Alto Comisionado para los Refugiados, sólo en 2011 habrían muerto al menos 1500 personas en el Mediterráneo, a pesar de la supervisión de la zona por naves de la OTAN.
 El presupuesto de Frontex pasó de 19 millones de euros en 2006 a 118 millones de euros en 2011. Aunque este presupuesto haya descendido en 2012 a los 89 millones de euros, se trata de la agencia mejor financiada de la UE.
 Sólo entre el 3 y el 11 de octubre de 2013, murieron cerca de 400 personas en el Mediterráneo.
 4/5 de las personas refugiadas en el Mundo son acogidas por países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en 2012 sólo una veintena personas sirias consiguieron acceder a territorio español y formalizar una solicitud de protección internacional (fuente: CEAR). Líbano acoge a cerca de 1.3 millones de sirios (el 30% de la población local).

Annexes :
Tribuna inter asociativa : « Europa asesina » – Libération 04 de octubre de 2013 ; Comunicado de prensa : « Frontex : ¿ Vigilar o salvar vidas? » - 09 de octubre de 2013

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