La deriva inhumanitaria de la Unión Europea

Red Migreurop - Publicado en el periódico Libération el 15.10.2004

En junio de 2003, en la cumbre de Tesalónica, el Consejo de la UE posponía, sin rechazarla explícitamente, una propuesta británica que trataba de crear centros para solicitantes de asilo fuera de las fronteras europeas.
Hoy en día, esta idea de externalizar el proceso de asilo parece plantearse de nuevo con más fuerza con la iniciativa italo-alemana hecha pública en agosto 2004. Bajo el título tranquilizador de «pórticos de inmigración«, se trataría, según Otto Schily y Giuseppe Pisanu - los ministros de Interior alemán e italiano respectivamente-, de crear una «institución europea» encargada de la selección de los solicitantes de asilo y de los inmigrantes localizados en centros fuera de la UE.

Este proyecto es altamente inquietante, porque niega los derechos fundamentales de los inmigrantes. El cinismo llega al punto de considerar países como Libia o Túnez como protectores de los derechos humanos o del derecho de asilo y de la protección de los exiliados. Esta propuesta es la prolongación de una lógica ya muy desarrollada, según la cual los inmigrantes no son consideradas personas a las que sea necesario conceder eventualmente protección, sino un peligro del cual Europa debe protegerse. Esta tendencia, perceptible desde hace tiempo, ha aumentado sobretodo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001: desde ese momento, los inmigrantes están abiertamente asociados con la «amenaza terrorista». Por esta razón, las medidas restrictivas se multiplican y son presentadas como medios de «gestión de una inmigración controlada», sin tener en cuenta que perjudican derechos fundamentales.

En 1999, el Consejo Europeo se comprometía a aproximar la situación jurídica de los extranjeros a la de los nacionales europeos, pero nunca ha llevado al cabo este programa. Lo peor es que la UE ha optado por una «política policial» cuyo único objetivo es lo de construir barreras físicas y jurídicas en el camino de los inmigrantes. Es por esto que se han negociado acuerdos de readmisión con los «países terceros sensibles» para forzarlos, mediante incentivos económicos y sanciones, a aceptar la vuelta sus nacionales o de las personas que han transitado por su territorio. De esta forma la Comisión Europea fomenta, a través de este ayuda économica, la expulsión de inmigrantes con vuelo charter.

El nuevo proyecto italo-alemán, ya respaldado por el futuro Comisario Europeo encargado de las cuestiones de asilo e inmigración, es el último avatar de una política que, en diez años, ya ha contribuido a la muerte de más de 4500 inmigrantes a las puertas de la Unión Europea. Los dramas en el estrecho de Gibraltar o en las costas italianas ya no se cuentan: no pasa una semana sin que los medios de comunicación no hablen de una embarcación que se ha ido a pique, de cadáveres «encallados» en las playas o de inmigrantes temporalmente acogidos en un estado deplorable. Lo demuestran las recientes tragedias de Cabo Anamur y de Zuiderdiep en Italia.

No obstante, Europa insiste en esta vía con una demagogia y un cinismo desconcertantes: los dirigentes de la UE siguen dicendo que estos campos podrían salvar vidas para justificar el encierro de los inmigrantes lejos de la mirada de la opinión pública europea. Contra toda evidencia, en lugar de preguntarse sobre los vínculos entre el continuo endurecimiento de las condiciones de acceso al territorio de la Unión y de los riesgos siempre mayores que corren los inmigrantes para intentar llegar a Europa, la creación de estos campos se presenta como el último recurso para protegerlos.

Borrando épisodios más o menos recientes de la historia, que vio a bosnios « traicionados» en las zonas de protección de la ONU, o en los años 30, refugiados alemanes rechazados por los países vecinos a los que pedían asilo, Europa parece querer liberarse de las responsabilidades que le incumben en virtud de los compromisos internacionales que ha suscrito (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenio de Ginebra, Convenio europea de los Derechos Humanos).

Frente a esta lógica la sociedad civil y las organizaciones que se suponen garantes de un contrapoder democrático, deben reaccionar con la mayor firmeza posible.

El 17 y 18 de octubre próximos los Ministros de Interior de cinco países miembros de la UE se reuninán en Florencia para discutir sobre la externalización. El 5 de noviembre, una cumbre reunirá a los veinticinco Jefes de Estado y de Gobierno para definir el futuro de la política de asilo e inmigración de la Unión Europea. No les dejemos organizar las próximas etapas de la deriva inhumanitaria de Europa. En Italia, el movimiento social ya se está movilizando. En toda Europa, es necesario que numerosas voces se alcen para rechazar la desviación de las políticas de asilo e inmigración en lógicas de control policial. Es urgente denunciar los proyectos de externalización de los procedimientos de asilo y la creación de nuevos lugares de reclusión de los inmigrantes.

Emmanuel Blanchard (Gisti, France), Michel Forst (Cimade, France), Karl Kopp (ProAsyl, Allemagne), Rafael Lara (Apdha, Espagne), Filippo Miraglia (Arci, Italie), Hicham Rachidi (Afvic, Maroc), Pierre-Arnaud Perrouty (Mrax, Belgique) participan en la red migreurop